El 24 de febrero entró en vigor el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita que no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la justicia que ha supuesto la aprobación de la ley de tasas para muchos ciudadanos. La abogacía advierte en este sentido que lo que el ministerio quiere “vender” como una rebaja del 80% de las tasas es en realidad una “minirebaja” de las cuantías que deben pagar los ciudadanos, puesto que las reducciones aprobadas tan sólo afectan a la parte variable de las tasas, pero no a la parte fija que, en algunos casos y, sobre todo en el de los recursos, resultan absolutamente desorbitadas.